sábado, 8 de junio de 2013

¿Deben los políticos publicar su patrimonio y sus ingresos?

“Pensar que la publicación de la declaración de renta y del patrimonio de los políticos garantiza su honradez, es como pensar que la publicación del certificado de matrimonio garantiza la fidelidad conyugal” (Cita de la red).

Nota de actualización (2015):
Aclaro que este artículo lo escribí cuando estaba en UPyD, sabiendo que ni siquiera coincidía con la línea del partido ni con la opinión mayoritaria: mantengo las mismas ideas, independientemente de que ya no estoy en ese partido, confiando en que den luz y contrastes al debate sobre la cuestión.

Hoy en día la sospecha de corrupción afecta a toda la clase política, y eso influye a la hora de defender la postura de obligar a todos los políticos a hacer públicos sus ingresos y su patrimonio para mejorar su imagen y evitar la corrupción. Pero ¿es esa medida suficiente?; ¿y es eficaz por sí sola?
Según la Agencia Tributaria, el que era Gerente del PP, Luis Bárcenas, tenía en 2007 un saldo a su favor de 22 millones de euros en cuentas en Suiza, por los que debería haber ingresado 523.527€ por la cuota correspondiente al Impuesto de Patrimonio (en vigor en España en esa fecha). En realidad, el extesorero del PP solo ingreso en Hacienda por ese concepto ese año 22.833€. Lógicamente si el entonces Senador del PP hubiera publicado su Patrimonio, no hubiera declarado que tenía 22 millones en Suiza: y esa publicación de sus bienes no hubiera servido para nada.
La mayoría de los políticos españoles han demostrado durante estos años que ocultan lo que ganan y lo que tienen, y muchos de ellos se siguen aprovechando del poder que alcanzan para enriquecerse. UPyD siempre ha luchado y luchará contra la opacidad instaurada en todos los estamentos de la política española. UPyD ha pedido que el enriquecimiento ilícito de los políticos y la financiación ilegal de los partidos sea un delito tipificado. Y nuestro Partido puede presumir de haber dado ejemplo de transparencia, por ejemplo publicando las nóminas de sus Parlamentarios, y forzando a los demás partidos a seguir su estela publicando sus cuentas. Según un informe de 2012 del Tribunal de Cuentas, UPyD fue el único Partido que no cometió gastos irregulares en Campaña Electoral. UPyD sigue exigiendo que ese organismo (el Tribunal de Cuentas), encargado de fiscalizar a los partidos, deje de estar controlado por los propios Partidos (mayoritarios) y sea reforzado.
España es el único País de más de un millón de habitantes que aún no tiene una Ley de Transparencia; y la que prepara el PP se puede calificar de paripé (enlace al artículo de Carlos M. Gorriarán): entre otras cosas el PP se niega a darle rango de Ley Orgánica, como ha pedido UPyD: y así, cada vez que alguien pida el acceso a datos económicos que puedan ser comprometedores para algún político, los “dominadores del lado oscuro” (PP+PSOE+otros) le responderán que la Ley de Protección de Datos (que sí es Orgánica, y por tanto de mayor rango que la de Trasparencia) lo impide. Nos quieren timar con la "Ley de Tramparencia".
Se podría establecer una fiscalización económica especial para los políticos: quizá un Grupo Especial de Funcionarios de Hacienda que les vigile y que controle todos sus movimientos económicos, y también las operaciones que llevan a cabo (urbanísticas, contratos de obra, publicidad…), para garantizar que no persiguen ni obtienen ningún tipo de beneficio personal encubierto. Si tuviéramos la seguridad de que existiera un Organismo así, riguroso e independiente, que cumpliera su cometido, no nos haría falta a los ciudadanos conocer los datos económicos personales de cada político, y el que esos datos se hicieran públicos no aportaría  mayor seguridad. Pienso que esa Oficina de Control Económico de los Políticos sería más eficaz que la publicación de los bienes de los políticos.
Exigir que publiquen sus datos económicos podría provocar un conflicto contra el derecho a la intimidad (personal y familiar). Implicaría de algún modo no conceder a los políticos la presunción de inocencia (que es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos): necesitamos políticos honrados, funcionarios honrados y ciudadanos honrados, pero ni a los funcionarios ni a los ciudadanos se les exige que hagan público su patrimonio o el de su familia. Y esa declaración podría ocasionarles problemas (por ejemplo, un loco o una banda terrorista podría decidir secuestrar al hijo de un político y pedir un rescate en base al conocimiento de su riqueza). Algún diputado vasco (Carlos Salvador, UPN) ha mostrado su rechazo a hacer esa declaración por la existencia de ETA; otros políticos (Durán i Lleida, CiU) han apuntado que esa exigencia (publicar todos los datos económicos) podría llevar a alguna persona muy válida para la política a rechazar entrar en ella, para evitar que sus bienes privados se conocieran (Ver artículo).
Cuando un político que dirige un Partido o una Institución dice que todos los políticos de su ámbito van a publicar sus bienes económicos (en un ejercicio de transparencia muchas veces sospechoso de electoralista y de cara a la galería, o hecho para pelearse con otros partidos, o forzados por las circunstanciaspara tapar un escándalo de corrupción), siempre hay algunos que tardan en hacerlo: podemos suponer que es el tiempo que necesitan para hacer el maquillaje fiscal y falsificar o modificar los datos que les pueden comprometer. Esas publicaciones, además de ser de eficacia discutible, resultan muchas veces imprecisas o incompletas o contienen la confesión implícita de hechos delictivos. Basta con entrar en las Webs del Parlamento Estatal o de Galicia o en la del Concello de Vigo, y ojear unas cuantas de esas declaraciones (algunas completas y al menos creibles; otras imprecisas y sin firmar) para comprobarlo. Rajoy por ejemplo no pagó la Seguridad Social varios años. Los datos económicos declarados de los políticos ya los conocía Hacienda: pues ¿por qué Hacienda no actúa cuando hay irregularidades o delitos? ¿Tienen que publicarse para que los fiscales económicos actúen?
Los políticos no son tan tontos como para que cuando roban o se enriquecen ilícitamente lo dejen reflejado en sus declaraciones de ingresos o patrimonio. Cuando un político presume de transparencia y de honradez por haber publicado esos datos, me da mala espina; y cuando tarda en publicarlos una vez que se ve obligado a ello, parece claro que tenía algún delito que ocultar.

PD: Casos curiosos:
La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, cobraba dietas de Caja Navarra, a veces por dos reuniones en la misma mañana. Esas dietas no salen en su Declaración, porque no se declaran.
En el Parlamento de Andalucía, PSOE IU y PP pactan en secreto subirse los sueldos. Al ser descubiertos anulan la subida, pero no piden perdón. Bochornoso.
La Diputada del PSOE y Teniente de Alcalde de Vigo, Carmela Silva, que acumula otros ocho cargos políticos más, tiene publicadas y firmadas (el año 2011) dos declaraciones: en la del Ayuntamiento de Vigo declara tener sólo una casa (del año 2007, el 50%, valorada en 26.500 €) y en la del Congreso declara dos casas (una del año 1989, en Vigo, y la otra en Barcelona, de fecha de adquisición no especificada, aunque debe corresponderse con una Hipoteca solicitada el año 2006 por valor de 570.000€ que consta en esta declaración)...



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