El día que la segunda República negó a Franco un local público para un acto a favor del "Alzamiento Nacional"*.

   Se ha difundido estos primeros días del verano de 1936 que dirigentes de nuestra II República han denegado el permiso para hacer varias reuniones de carácter político, lógicamente sin armas, en locales públicos, permiso que había sido previamente concedido por varios ayuntamientos, y que habían solicitado diversas asociaciones carlistas y de requetés, y líderes políticos (como el diputado José Calvo Sotelo), y otros de Falange Española de las JONS, junto con algunos militares (como Emilio Mola y Francisco Franco). Todos ellos, que cuentan con amplio respaldo popular de un sector de la ciudadanía, simplemente querían hablar de sus ideas sobre llevar a cabo una reforma que modifique la realidad española, pues dicen estar muy descontentos con la actual situación y con las políticas que lleva a cabo el gobierno del Frente Popular.

Una asociación llamada ETA celebra
una reunión en un local municipal.
¿sería razonable?

   Voces de intelectuales progresistas, de lo más selecto de nuestra República, han puesto el grito en el cielo por esa denegación del derecho de reunión en local público, apelando a la libertad de expresión y a la igualdad de todos los españoles, derechos consagrados por nuestra Constitución de 1931. El presidente Mauel Azaña ha sido muy criticado por permitir semejante atropello, pues nadie puede ser reprimido ni atacado por hablar y por opinar, ni por reunirse para defender y promover sus ideas.

   Penúltima hora: asesinado el diputado José Calvo Sotelo, líder del principal partido de la oposición Renovación Española (13 de julio de 1936).

   Ultima hora: Las 25 provincias en las que en las pasadas elecciones de febrero de 1936 no ganaron las izquierdas del Frente Popular van a convocar referendums de autodeterminación en cada una de ellas, con el objetivo de separarse de la actual Republica y constituirse en estado o estados independientes. También muchas ciudades aisladas de otras provincias, que cuentan con mayoría de votantes contrarios al Frente Popular, se preparan para votar y constituirse en Ciudades Estado. Todos ellos apelan al poder del pueblo: "votar no es un delito sino un derecho", "no somos esclavos y cada uno puede hacer lo que quiera", y "ninguna ley nos puede impedir ejercer nuestro derecho a la autodeterminación".

   Al gobierno de Manuel Azaña le da igual que España se desmorone en pequeños "reinos de Taifas", y ha decidido permitirlo. Algunos republicanos reaccionarios quieren impedir esos referendums, apelando a la Constitución que consagra la unidad de la nación como derecho y riqueza de todos los españoles: demuestran sin duda que son unos intolerantes y unos fachas antidemocráticos.

(* Este artículo pertenece al género de "política ficción", en relación con lo ocurrido estos días en Madrid (Ver) y en Vitoria (Ver), donde diversas autoridades han prohibido o interrumpido actos a favor del referendum del 1 de octubre por la autodeterminación de Cataluña)