Tasadoras, hipotecas y corrupción. El caso de la Pinacoteca de Vigo.

La crisis de las hipotecas ha servido para destapar la corrupción de las Empresas Tasadoras, que valoraban las casas muy por encima de lo real y que después, cuando quien había comprado la casa no podía pagar la hipoteca, volvían a tasarla pero esta vez en menos de la mitad. Las víctimas, además de quedarse sin trabajo y sin casa, siguen debiendo miles de euros al banco: ¿qué salida pueden tener muchas de esas personas, aparte del suicidio?
Cuando se van conociendo las interesadas conexiones entre las Tasadoras con las entidades financieras, la indignación crece. TINSA, la mayor Empresa Tasadora de España, era propiedad de 35 Cajas de Ahorros: durante el periodo de la burbuja inmobiliaria (que todos ellos negaban) sobrevaloraban los pisos para que esas entidades financieras concedieran créditos más altos, a la vez que constructores y promotores obtenían mayores beneficios. El Presidente de Tinsa, Ildefonso Ortega, era también el Director General de Caja Castilla La Mancha, de la que fue destituido en 2010 con 7 expedientes disciplinarios. Las tasadoras actuaban compinchadas con los Bancos, y también unas con otras, sin contradecirse nunca: hace un año la Comisión Nacional de la Competencia les abrió un expediente por pactar precios, y el Banco de España empezó a pedir que las Tasadoras se desligaran de las entidadnes financieras. La Tasadoras no sólo han perjudicado a los compradores de viviendas, sino a toda la sociedad, pues son responsables de la tasación de las hipotecas basura que han causado el agujero financiero de las Cajas que ahora pagamos con dinero público, aumentando el déficit y llevando al país a la quiebra. ¿Hay algún Fiscal valiente que se sienta con fuerzas para investigar y exigir responsabilidad a las Tasadoras?
Pero no solo los Bancos, sino que también los políticos corruptos llevan años aprovechándose de esas Empresas, encargándoles tasaciones a medida. Después, esos políticos ya se encargaban de recalificar, comprar y vender, usando empresas aparentemente inocentes (o testaferros), y acababan ganando una fortuna; se supone que se lo agradecerían a las Tasadoras con una parte del beneficio conseguido. Todo aparentemente muy legal. Cuando escuchamos a algún político decir: "quien no esté de acuerdo con la operación inmobiliaria que ha hecho el Ayuntamiento, que lo denuncie" (o cosas similares), podemos pensar que ese político se ha asegurado de que nadie podrá descubrir las pruebas de las ilegalidades e inmoralidades cometidas, aunque las haya.
Uno de los casos más ilustrativos que han llegado a los tribunales es el conocido como el caso de la Playa de las Teresitas: Ignacio González, empresario, líder político de un partido local tinerfeño y consejero de Caja Canarias fundó una empresa fantasma que compró unas parcelas en esa playa; encargó a Tinsa una tasación que dio a los terrenos un valor de 52,6 millones de euros; después la empresa vendió esos terrenos al Ayuntamiento de Tenerife, recalificados para un proyecto municipal, y que aceptó como buena la tasación de Tinsa, pagando ese dinero y regalando otros terrenos a Ignacio González . Pero el "negocio" les salió mal, pues se supo que una arquitecta municipal había hecho una tasación en 19 millones. El Tribunal Supremo anuló la compraventa y el caso sigue en los tribunales, con más de 10 imputados, entre ellos el alcalde de Tenerife. En el juicio, un técnico de Tinsa reconoció que hicieron la valoración adecuándose a las peticiones y expectativas de "don Ignacio", el alto cargo que se la encargó. (Para saber más sobre el Caso de la Playa de las Teresitas: ver).

El caso de la Pinacoteca de Vigo.
En Vigo podemos "presumir" de tener un caso similar, aunque de menor cuantía: una empresa inmobiliaria (Zinnia) compró un antiguo pazo en ruinas en el centro de Vigo, justo cuando se preparaba el plan de reforma del Casco Viejo. El informe técnico oficial que se hizo para ese plan hacían pensar que ese pazo podría alcanzar el valor de 196.000 euros. Pero cuando el BNG volvió al poder municipal, coaligado con los socialistas, Santi Domínguez, líder del Bloque, anunció (en julio de 2009) que el Ayuntamiento compraría ese pazo por 1.850.000 € para instalar allí un nuevo museo, la Pinacoteca de Vigo. Ante el desconcierto ocasionado al saber el precio que se iba a pagar, la Concejalía de Urbanismo, controlada por el BNG, encargó una tasación a Tinsa, que valoró el inmueble en 1.700.000 euros. La oposición del PP protestó tímidamente por algunos detalles que no estaban claros, y exigió una nueva valoración, que se hizo: pero tampoco esta vez se permitió a los arquitectos municipales hacerla, sino que los concejales del Bloque se la encargaron a otra empresa externa elegida por ellos: Tecnitasa, que aunque detectó errores de bulto en la tasación de Tinsa (empresa con la que comparte directivos) sólo redujo la valoración en 125.000 €. Al final el Ayuntamiento de Vigo compró un edificio en ruinas que un informe de la Xunta valoraba en menos de 200.000 euros (y que debía haber sido expropiado y no comprado) pagando casi 2 millones a Zinnia, empresa de especulación inmobiliaria que casualmente era co-propiedad de Francisco Janeiro, quien trabajaba en el propio Ayuntamiento como asesor del Teniente de Alcalde Santiago Domínguez. (Para saber casi todo sobre el caso de la Pinacoteca, ver Vigo Blog).
Recientemente el anterior presidente de la Xunta, el socialista Emilio P. Touriño, ha publicado unas memorias en las que cuenta que los del Bloque Nacionalista en Vigo demostraban tener "especiales intereses y ligazones con la gestión urbanística". Muy curioso. Así aceptaron entrar en el gobierno de Abel Caballero a cambio de controlar el área de urbanismo y las reformas del Casco Vello. Una vez le preguntaron en un chat a Santi Domínguez que cómo había calculado y acertado el precio de esos edificios en ruinas antes de la tasación de Tinsa, y respondió que no recordaba o que no tenía noticia de que eso fuera así (ver). En otra ocasión en que le preguntaron por el tema de la Pinacoteca su respuesta fue la que ya sospechamos: quien no esté de acuerdo con la operación inmobiliaria que ha hecho el Ayuntamiento, que lo denuncie...




Tras la compra, sólo se conservó la fachada (vista aquí desde dentro) incumpliendo la normativa del plan de restauración de los edificios del Casco Vello. Y la reforma costó 3 millones de euros más!!!

 

Vista de la fachada principal (que fue lo único que se conservó del antiguo edificio). Pese a la inversión realizada, sólo abre 3 horas al día.