Vascos y navarros tienen un sistema de financiación distinto al del resto de Comunidades Autónomas de España. El “Concierto Económico vasco” y el “Convenio navarro” hacen que ambas regiones aporten al resto del Estado menos de lo que sería justo. Como consecuencia de ello la disponibilidad de recursos en manos de esos Gobiernos regionales vasco y navarro supera sobradamente el promedio nacional; y por el contrario las demás CCAA tienen que aportar más, y disponen de menos recursos económicos para sus ciudadanos de lo que sería justo y proporcional.
Resumen de la Historia de los Privilegios Forales y del Concierto o Cupo Vasco.
En el siglo XVI vizcaínos, guipuzcoanos y navarros consiguieron que el Reino de España les concediera ciertos privilegios, especialmente económicos (pero también referentes a servicios militares) basados en sus leyes particulares, locales o forales, especialmente los Fueros de Vizcaya de 1526 y los antiguos Fueros de Navarra del siglo XIII (que se conservaron parcialmente cuando en 1512 Navarra se incorporó a Castilla).
Durante los siglos siguiente muchos intelectuales y legisladores españoles abogaron por acabar con esos privilegios, por ser contrarios a la igualdad exigida para todos los españoles. El rey Felipe V se propuso eliminarlos, pero una revuelta en las Provincias Bascongadas (llamada la Machinada de las Aduanas) y la amenaza de la incorporación de esos territorios a Francia, impidió que llevara a cabo su propósito. El Valido de Carlos IV, Manuel Godoy, también se propuso eliminar los Fueros vasconavarros: pero el Golpe de Estado del Motín de Aranjuez de 1808, y el posterior comienzo de la Guerra de la Independencia paralizaron sus esfuerzos. La Constitución de Cádiz de 1812 -La Pepa- declaró abolidos todos los Fueros; pero en 1814 el Rey Fernando VII -”el rey felón”- reinstauró el absolutismo y los Fueros.
Cuando Fernando VII murió, en 1833, el nuevo gobierno liberal de María Cristina quiso acabar con los Fueros otra vez, y de hecho desaparecieron con la Constitución de 1834. Pero los Vascongados se rebelaron y se declararon Carlistas para recuperar sus privilegios (porque el pretendiente don Carlos les prometió restaurar y conservar los Fueros), y lucharon contra el gobierno de España en las Tres Guerras Carlistas del siglo XIX. Al terminar la primera de esas guerras, en 1840, el general Espartero y la reina Isabel I volvieron a dar vigencia a los Fueros a cambio de la paz. Pero los gobiernos liberales de Madrid siguieron presionaron contra la injusticia que suponía mantener aquellos privilegios. Por fin, en 1876, al terminar la tercera Guerra Carlista con la victoria del ejército de Alfonso XII, las Cortes españolas decretaron la abolición definitiva de los Fueros.
El Presidente del Gobierno que llevó a cabo esa reforma fue Cánovas del Castillo, considerado el mejor político que tuvo España en su siglo. Pero las Diputaciones forales se dedicaron a boicotear a la Hacienda Real, impidiendo el cobro de impuestos…, y al final Cánovas del Castillo acordó con esas instituciones forales, en 1878, el “Concierto Económico”, cediéndoles el calculo de la recaudación y su ejecución en esos territorios a esas Diputaciones. Los Vascongados aprovecharon esa excepción para obtener ventajas económicas, y unos años más tarde el mismo Cánovas del Castillo se hartó y decidió poner fin a esa injusticia. Pero entonces, en 1897 el Primer Ministro Cánovas del Castillo fue asesinado con un disparo en la nuca en Mondragón (Guipúzcoa)... y el Lobby foralista vascongado de Madrid consiguió que el Concierto Económico siguiera adelante, manteniéndose en el tiempo con pequeñas variaciones.
Los políticos de la II República (1931) consideraron que no era justo mantener esa desigualdad en una España moderna y progresista, y se negaron a aprobar de nuevo los Fueros Vascos. En plena Guerra civil los nacionalistas vascos consiguieron que se aprobara su Estatuto (1936), que dejaba pendiente -para después de la Guerra- la regulación de las relaciones fiscales entre Euskadi y el Estado. Al acabar la Guerra el dictador Franco concedió a las provincias de Álava y de Navarra sus antiguos privilegios económicos, como premio por haber apoyado el alzamiento nacional. Tras la muerte de Franco en 1975, durante la Transición, y debido -según muchos analistas- a las presiones de los terroristas de ETA (otra vez un chantaje a cambio de la paz), se recogieron en la Constitución de 1978 nuevos privilegios forales, basados en los llamados derechos históricos (totalmente etéreos y subjetivos -y basados en una historia nacionalista plagada de mentiras- y que discrimina a otras Comunidades), que se han ido consolidando con el nombre de “Concierto Económico vasco” y “Convenio navarro”.
El "cupo", una realidad totalmente injusta.
El Concierto o Cupo en la práctica se traduce en la fijación, bajo reglas pactadas políticamente entre los Gobiernos del Estado y los de la Comunidad Autónoma, de “un cupo” monetario con el que los territorios forales contribuyen a los gastos del Estado. Pero es cupo no se establece mediante criterios económicos o de equidad, y siempre beneficia al País Vasco y a Navarra. En la práctica se produce una sistemática subvaloración del coste de las competencias estatales no asumidas por esas Comunidades, y tanto navarros como vascos pagan muy por debajo de lo que les correspondería por el monto que se gasta el Estado central.
El Concierto y el Cupo se ha convertido en un sistema de privilegio (sobre el resto de habitantes de España) que pone en manos de esas dos CCAA cuantiosos recursos que pueden considerarse como una transferencia hacia el País Vasco desde el resto de España. Se entra así en abierta contradicción con los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.
Algún iluso ha propuesto la generalización de ese sistema a las demás regiones: pero eso es absurdo. Si todas las comunidades autónomas adoptasen el sistema de cupo y su cálculo se efectuara a la manera vasca y navarra, "la hacienda central quebraría al no poder hacer frente a sus necesidades de gasto". Sería imposible y ridículo que todas las CCAA estuvieran por encima de la media en el balance de recepción de medios del Estado en relación con la aportaciones que se realizan (como ocurre ahora con Euskadi y Navarra). La razón nos dice que en un Estado Nacional las regiones o Comunidades más pobres tienen que recibir más de lo que aportan; sin embargo el País Vasco y Navarra son de las Comunidades más ricas que España, y son de las que menos aportan.
El diseño general actualizado de las reglas del Concierto Económico fue definido en la Ley 12/1981, aunque su especificación para cada uno de los períodos quinquenales a los que se refieren las diferentes leyes del Cupo se ha ido negociando separadamente, con resultados siempre favorables para el Gobierno vasco. Tal negociación ha respondido a un esquema: los Gobiernos Nacionales de turno (PSOE y PP alternado en el poder) han buscado el apoyo en loa políticos vascos a cambio del mantenimiento permanente de una situación financiera ventajosa respecto a todas las demás regiones españolas.
Como explica el vizcaíno Catedrático de Economía Mikel Buesa (Ver su artículo "El pufo vasco"), como resultado de ese chantaje permanente, el Cupo Vasco se ha convertido en un auténtico pufo, en una estafa o engaño al conjunto de los ciudadanos españoles, que han contemplado, confusos, cómo los legisladores han sido capaces de plasmar -nunca con claridad ni transparencia- en los textos aprobados por las Cortes Generales conceptos y acuerdos de imposible justificación desde el punto de vista económico.
El pufo vasco alcanza así una cifra que Buesa calculó para el año 2007 en 2.060 millones de euros, que es la diferencia entre lo que la Comunidad Autónoma de Euskadi tendría que pagar al Estado y lo que realmente paga. Eso supone que el Gobierno vasco dispone de una financiación extra de 964 euros por cada habitante de su CA, dinero que es aportado por el resto de españoles de las demás CCAA, que dejan de disponer del mismo. En definitiva, las Administraciones vascas disponen de muchos más euros por cada habitante que el resto de comunidades autónomas españolas, lo que les concede una notable holgura financiera para dedicar recursos a las políticas nacionalistas o para ocultar las ineficiencias en que incurren, con creciente intensidad, los servicios públicos dependientes del gobierno vasco.
Para verlo más claro de otra manera: el País Vasco es una de las autonomías más ricas de España (la segunda), pero no transfiere nada al resto de regiones y, sin embargo, la penúltima CA del ranking, la segunda más pobre, Andalucía, le transfiere al País Vasco unos 300 millones de euros cada año.
¿Alguien que no sea un mentiroso o un egoísta puede aceptar que ese injusto sistema siga vigente?
Ha llegado la hora de exigir a los Partidos Políticos que lleven en sus programas la eliminación de esos injustos privilegios que tienen vascos y navarros, y que la necesaria reforma se lleva a cabo con urgencia en la siguiente legislatura. Ningún partido que se oponga a esa medida merece el voto de ningún español que quiera vivir en una Nación donde impere la justicia.
(Aunque para eso probablemente haya que reformar también la Ley Electoral, para que las minorías nacionalistas vasca o catalana no puedan seguir chantajeando a los gobiernos centrales obteniendo a cambio tremendos beneficios, muy injustos y perjudiciales para el resto de España).
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