La regeneración democrática pasa por recuperar, junto al principio igualitario de "un ciudadano un voto", la premisa de que el territorio no puede de ningún modo constituirse como un ente político con derechos propios e intereses prevalentes sobre los de los individuos que los habitan.
La justicia es un derecho fundamental de cualquier ciudadano (CE art. 24) y una de las columnas vitales de cualquier Estado de Derecho.
Aparte de asegurar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, nuestros gobernantes deben facilitar el uso de ese servicio público, acercando (razonablemente y siempre que se pueda) las sedes donde se administra la justicia a los administrados.
Con el proyecto del Ministro Gallardón de suprimir el Partido Judicial de Vigo (y establecer a nivel nacional una única demarcación por cada provincia, centralizada en la capital) los residentes de Vigo y de su área (medio millón de ciudadanos) tendrían que desplazarse a Pontevedra cada vez que tengan que llevar a cabo algún asunto judicial, teniendo Vigo mucho más cerca.
La defensa del Partido Judicial de Vigo no puede considerarse localismo: si en algún otro sitio de España se propusiera que una ciudad de 300.000 habitantes dejara de tener Juzgados por no ser capital de provincia, y se instalaran esos juzgados en una ciudad de 83.000 habitantes, simplemente por el hecho de ser capital de la provincia, todos deberíamos estar en contra.
Son muchas las provincias con menos habitantes de los que tiene Vigo y su área de influencia que van a contar con una Partido Judicial propio: sería más razonable fusionar varias de esas provincias para hacer una demarcación única que suprimir la de Vigo.
Son muchas las provincias con menos habitantes de los que tiene Vigo y su área de influencia que van a contar con una Partido Judicial propio: sería más razonable fusionar varias de esas provincias para hacer una demarcación única que suprimir la de Vigo.
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