Baltar: un cacique consigue votos con favores. |
El Fiscal Jefe, Florentino Delgado, realizó las investigaciones a instancias
de una denuncia presentada por el PSOE orensano en 2010, e hizo varias declaraciones manifestando asombro por la descarada ilegalidad de los comportamientos de Baltar y de sus colaboradores. Acusó a José Luis Baltar de un delito de prevaricación continuada,
malversación de fondos públicos y falsedad documental, todo ello en el contexto de un enchufismo masivo, de caciquismo en su máxima expresión.
La secretaria provincial del PSOE, María Quintas, al conocer que por fin se hacía efectiva la denuncia, afirmó que era escandaloso que la justicia no hubiera actuado antes contra Baltar.
La secretaria provincial del PSOE, María Quintas, al conocer que por fin se hacía efectiva la denuncia, afirmó que era escandaloso que la justicia no hubiera actuado antes contra Baltar.
Unos días después Baltar pidió la baja de militancia en el PP "para no dañar al partido". Como suelen hacer los del PP, reaccionaron ante la denuncia contraatacando y denunciando a su vez irregularidades en el PSOE (la técnica del "y tu más" y de poner el ventilador para que la podredumbre afecte a los demás); y los abogados de Baltar plantearon todas las trabas posibles para paralizar el proceso. Y desde la Diputación ayudaron a su querido expresidente obstruyendo la investigación de la justicia, no entregando expedientes requeridos. Pero por suerte el periodo de impunidad para caciques y otros políticos corruptos parece que está llegando a su fin. Cuando Baltar fue a declarar estuvo arropado por una multitud de fieles baltaristas y bastantes Alcaldes del PP. El PSOE ha solicitado ante el Juez Instructor (Leonardo
Alvarez) 6 años de prisión para el cacique orensano, además de 10 de inhabilitación y de
una multa por determinar (Ver noticia).
En julio de 2012 el Fiscal General del Estado había
anunciado el archivo de una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción
contra José Luis Baltar, denuncia que incluía profusa información documental
sobre el incremento de su patrimonio y los posibles negocios y contratos
irregulares de Baltar; y que también afectaba a otros altos cargos del PP orensano,
como a José Manuel Freire, alcalde de Barbadás, presidente de Inorde y mano
derecha de Baltar; y a Jorge Pumar Tesouro, empresario y miembro del comité de
dirección y de la junta directiva del PP, además de amigo personal de Baltar.
El fiscal general del Estado anunció que esa denuncia había sido archivada
"porque la denuncia era poco precisa” (Ver noticia). Tras conocerse que Fiscal General había archivado las denuncias contra Baltar, dirigentes del PPdG (como el Vicepresidente de Parlamento gallego Miguel Santalices) salieron en su defensa, tachando las denuncias de cobardes y de ir dirigidas a hacer daño a personas y a la estructura misma del PartidoPopular.
Alguien ingenuo o con poca información se podría preguntar: ¿cómo
fue posible que el Fiscal archivara un caso tan claro de corrupción? Conviene saber,
para tener una opinión formada sobre ese hecho, que el actual Fiscal
General, Eduardo Torres Dulce, fue elegido por el Gobierno del PP en
diciembre de 2011, nada más ganar Rajoy las elecciones del 20N, para sustituir al
anterior Fiscal, Cándido Conde Pumpido (que había sido nombrado por Zapatero, y
que al PP no le gustaba mucho: habían pedido su dimisión por investigar la
trama Gurtel). Lógicamente Torres Dulce sabe que ha sido elegido y puesto a dedo por Rajoy,
y que si hace algo que moleste al PP le pueden destituir. Podemos seguir razonando que a Baltar le molestaría que le investigaran, y sabiendo que tiene mucho poder en el PP... Se puede llegar a elucubrar que alguien pudo decirle al Fiscal General que en
Ourense no pasaba nada, que no se complicara la vida investigando esas
denuncias falsas… E incluso ofreciéndole un puesto de trabajo en la Diputación de Ourense para algún amigo o familiar...
Torres Dulce ya ha dado muestras de lo evidente: que no es imparcial en asuntos que afecten al PP. El Sindicato Unificado de Policía le ha tildado de ser un agente político del PP (por sus controvertidas decisiones en el caso
Faisán); la Generalitat ha insinuado que el Fiscal General del Estado actuó contra el Fiscal de
Cataluña (tras sus declaraciones a favor de celebrar una consulta legal) dirigido por el Gobierno de Rajoy, tras una reunión con Gallardón y
Cospedal. Otro dato que indigna a la mayoría de ciudadanos que queremos una justicia independiente es que Torres Dulce ha defendido a la
Infanta Cristina de Borbón diciendo que no existe ningún dato para imputarla en
el caso Urdangarín (Nóos).
UPyD defiende que la Justicia en España deje de estar controlada por los partidos políticos, sobre todo PP y PSOE, que manejando
tribunales y jueces se aseguran su impunidad para seguir robando y cometiendo delitos
con absoluto descaro.
Felicitaciones al Fiscal y al Juez de Orense que se han atrevido a enfrentarse contra un enemigo imponente: los caciques. Los que hemos visto las películas de El Padrino sabemos a los peligros que se exponen. Y no olvidemos que a Al Capone le condenaron sólo por un delito fiscal, pero que sus fechorías (realizadas por sus fieles trabajadores, "su familia") habían sido muchas y muy graves.
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