UPyD y el pago a proveedores de los ayuntamientos morosos.



Sólo nos gana Grecia en morosidad.


Indigna saber que muchos autónomos y pequeñas empresas se han visto obligadas a cerrar por culpa de la morosidad de las administraciones públicas, que han acumulado 40.000 millones de euros en facturas impagadas, algunas olvidadas en los cajones. Todos conocemos políticos-gobernantes locales que tienen la cara de presumir por tener menos déficit que otros, cuando lo que les exigimos son cuentas claras, sanear la situación, y que no acometan ningún gasto sin respaldo presupuestario. UPyD apoya que se busquen soluciones, en la línea del Decreto Ley 4/12 del Gobierno que va a permitir desbloquear la grave situación de impago generalizado, que es el único estímulo real a la economía en medio de una política hasta ahora restrictiva.
Sin embargo el procedimiento diseñado tiene aspectos negativos, el principal la "quita" a la que se fuerza a los proveedores si quieren cobrar antes. Además, el Gobierno vuelve a hacer un rescate con fondos públicos, avalando la deuda de los ayuntamientos, similar al que hizo con las Cajas: otra vez pagamos todos los contribuyentes de nuestros bolsillos. Y sobre todo se ha perdido la oportunidad de tomar medidas rigurosas de control para evitar que las administraciones locales puedan seguir gestionando tan mal el dinero público


Morosidad a proveedores sanitarios.

UPyD seguirá impulsando las reformas que pueden reconvertir la situación que padecemos. Hay que disminuir el gasto municipal reduciendo estructuras administrativas y reduciendo también el número de empresas municipales. Hay que delimitar con claridad las competencias municipales, abordando el asunto de las llamadas competencias impropias y evitando duplicidades. Medidas como la fusión de Concellos pequeños, la supresión de las Diputaciones, la limitación de los sueldos municipales y de los asesores, serían también esenciales. Se precisa reformar la financiación local (una gran asignatura pendiente) y mejorar los mecanismos de control interno y externo. Las prácticas caciquiles de algunos Alcaldes (como el de Vigo sin ir más lejos) de actuar en contra de los criterios del Interventor, o de contratar a dedo servicios externos que podrían ser realizados por los funcionarios en plantilla del ayuntamiento (como el abogado al que tan generosamente regala nuestro dinero) tendrían que ser erradicadas para siempre, y quizá juzgadas como prevaricación.