Seis meses de lista de espera: la ley envenenada que le dejó el PSOE al PP.

En su reciente comparecencia en la Comisión Parlamentaria de Sanidad, el 1 de febrero, Rosa Díez le planteó a la nueva Ministra de Sanidad, entre otras muchas cosas, el problema generado por el anterior gobierno, que el pasado verano aprobó el Decreto Ley 1039/2011 garantizando un tiempo máximo de espera, para todos los usuarios del Sistema Nacional de Sanidad (SNS), para acceder a determinadas intervenciones quirúrgicas: en concreto 6 meses para la implantación de prótesis de cadera y rodilla, operaciones de cataratas, y procedimientos de cirugía cardiaca valvular y coronaria (Ver Decreto en el BOE).

Leyre Pajín, con su pulsera magnética,
responsable directa del Decreto 1039/11.

La portavoz de UPyD se mostró bastante diplomática, y en vez de decir que ese Decreto es nefasto y que sus responsables quedan en evidencia como auténticos incompetentes, como muchos pensamos, dijo que no dudaba de que se hubiera promulgado con buena intención. Yo pienso que el gobierno de Zapatero hizo un brindis al sol: sabían que no iban a cumplir sus promesas, y se movían por estrategias electoralistas, como suelen hacer los políticos aferrados al poder. Porque como muy bien recordó Rosa Díez, esa medida se tomó imprudentemente, sin estudio económico ni asignación presupuestaria para llevarla a cabo.
Los que trabajamos en la sanidad sabemos que esa Ley que inició la Ministra Trinidad Jiménez (noticia y comentarios muy significativos) y terminó y firmó Leyre Pajín, fue una fanfarronada. Cualquier observador bien informado de la realidad sanitaria española sabe que la mayoría de los pacientes esperan más de 6 meses para operarse de patologías no urgentes ni preferentes (ver ejemplos), y que ese tiempo no sólo no se está reduciendo sino que está aumentando (Noticia). Como traumatólogo implicado puedo decir que en Vigo los pacientes que requieren artroplastia de cadera y rodilla y no tienen recomendaciones (que son la mayoría) esperan entre 1 y 2 años para operarse, y eso ocurre en los 3 Hospitales de la Ciudad, a pesar de lo que digan los maquillados y manipulados datos oficiales.
La portavoz de UPyD planteó ante esa Comisión el grave problema que ese Decreto crea, pues puede provocar que 6 meses después de haberse hecho la indicación de esos procedimientos muchos pacientes acudan a los tribunales para reclamar una indemnización, o que se operen en la sanidad privada y luego soliciten el reembolso. En lo que a mi especialidad se refiere, cada año se implantan en España unas 30.000 prótesis de cadera y 45.000 de rodilla. El caos puede ser considerable.
Dado que ese Decreto establece en su artículo 8.1 que el Consejo Interterritorial del SNS podrá revisar los tiempos máximos de acceso a esas prestaciones, y acordar su modificación para adaptarlos a la realidad sanitaria y socioeconómica de cada momento, parece necesario que en la primera reunión de ese Consejo se revisen "a la larga" esos periodos. Y dado que el Decreto también incluye una Disposición transitoria que establece un periodo de adaptación para las comunidades autónomas de 6 meses desde su entrada en vigor (que fue el 30 de agosto de 2011), todavía estamos a tiempo (hasta fin de mes) de evitar una pequeña catástrofe.
El gobierno debe acortar las insufribles listas de espera que tenemos, pero no se puede poner el techo antes que las paredes, y no puede mantener una legislación imposible de cumplir, ni generar expectativas irrealizables por el momento.
En el preámbulo de ese Decreto Ley se cita el artículo 23 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS, que regula las garantías de accesibilidad y señala que todos los usuarios del SNS tendrán acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva. Por lo que se vio el otro día en la presentación de la Ministra Ana Mato, el PP, o mejor dicho, los 17 PPs (uno por Autonomía) no están muy dispuestos a avanzar en esa cohesión: su estructura territorial y las cuotas de poder que los barones autonómicos quieren mantener se lo impide. Esperemos que al menos el Consejo Interterritorial actúe con unidad y responsabilidadad en lo referente al DL 1039/11.
Y está quedando cada vez más claro que UPyD es el único partido que representa a la gran mayoría de españoles (un 70% según la macroencuesta publicada (VER)) que quieren que se garantice el acceso universal y en condiciones de equidad a unas prestaciones sanitarias de calidad, sin que unos ciudadanos tengan ventajas en materia de salud por residir en un sitio u otro.