PP y PSOE: quitad vuestras sucias manos del TC.

Los Derechos Fundamentales (reflejados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos) son los derechos inherentes, inalienables y aplicables en igual medida a todas y cada una de las personas. Es consustancial con la Democracia que se instaure un Estado de Derecho (en contraposición a un Estado absolutista) en donde se respeten esos Derechos Fundamentales. Debe garantizarse que la Democracia no pueda transformarse nunca en una "dictadura de la mayoría", es decir: que un gobierno con mayoría nunca pueda vulnerar los Derechos Fundamentales de las minorías (representadas por la “oposición”). Para ello se establecen una serie de garantías (como que para reformar los Derechos Fundamentales haga falta un referéndum), y se exige lo que se denomina Separación de Poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Porque a lo largo de la historia los principales vulneradores de los Derechos Fundamentales han sido los poderes públicos, y no los particulares.

Por ello, no deja de resultar paradójico e improcedente que los miembros que componen el Tribunal Constitucional (TC) sean elegidos por el Congreso de los Diputados, por el Senado, por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial (elegido a su vez en su mayoría por los partidos políticos mayoritarios). Es decir: los miembros del máximo órgano que garantiza nuestros Derechos Fundamentales son elegidos por sus principales potenciales vulneradores. En resumen, el PP elige a los llamados magistrados conservadores y el PSOE a los progresistas. En la práctica, a pesar de la gran formación jurídica que se supone tienen los miembros del TC (reflejada en ocasiones en una excelente doctrina constitucional), la dirección de su voto en muchas deliberaciones y sentencias es previsible, yendo en función de la orientación política de aquellos a quienes deben su nombramiento.

Al no existir en España una verdadera División de Poderes difícilmente podemos hablar de verdadero Estado de Derecho. No es tolerable que los políticos sigan eligiendo a los jueces. Ya estamos hartos e indignados de ver cómo la Justicia trata a los políticos corruptos y a sus amigos. UPyD lo ha denunciado muchas veces. Sólo los enemigos de la democracia se podrían oponer a solucionar este problema. Por eso es tan preocupante que el PP y el PSOE se opongan a cambiar esa situación, que bien puede calificarse de mafiosa (según la tercera acepción del diccionario María Moliner *).

Sólo cabe esperar dos soluciones: o ambos partidos cambian radicalmente (si sus bases lo exigen podrían conseguirlo); o al ir aumentando la conciencia crítica de los ciudadanos les iremos reduciendo a la mínima expresión elección tras elección (recientes encuestas de intención de voto ya apuntan en esa dirección: se acerca el fin del bipartidismo que ha arruinado España), para que no puedan interferir con una nueva mayoría parlamentaria formada por otros partidos, que lleve a cabo las reformas necesarias (incluida la de la Constitución) que garanticen un sistema verdaderamente democrático, e instauren un verdadero Estado de Derecho con separación de poderes.

* Mafia (3): Se aplica a una asociación de personas que utilizan métodos poco éticos; particularmente si disfrutan o acaparan la mayor parte de algo, impidiendo a los demás participar en ello.