1 – Reforma de la ley electoral para igualar el valor del voto de cada ciudadano con independencia de su lugar de residencia.
Aumentar el Congreso de 350 a 400 diputados: la mitad de ellos se elegirán en una circunscripción nacional única mediante listas desbloqueadas, hasta que sea posible el sistema de listas abiertas. Mientras que reducir el número de Diputados supone fomentar el poder de los dos grandes partidos, aumentándolo en 50 se conseguiría mejorar la representatividad y favorecer la entrada de nuevos partidos minoritarios. El coste de este aumento de 50 diputados sería muy pequeño y totalmente asumible si se ahorra tomando medidas en otras administraciones, como la supresión de las Diputaciones o la fusión de Ayuntamientos que se exponen más adelante.
2 –Reforma de la Constitución para conseguir un Estado federal fuerte con competencias exclusivas en Educación, Sanidad, Justicia y Medio Ambiente, que garantice a todos los ciudadanos los mismos derechos y obligaciones en cualquier lugar de España. Acabar con privilegios y excepciones de las Comunidadaes Autónomas. Distribuir racionalmente las competencias entre Administraciones para evitar duplicidades, despilfarro y burocracia inútil.
3 – Educación y Sanidad. Priorizar la exigencia y la mejora del nivel de la educación española, que buscará la transmisión de conocimientos y la formación de buenos ciudadanos, y que deberá ser la misma en toda España y en cualquiera de las lenguas oficiales en las comunidades bilingües.
Un único sistema sanitario (con descentralización de la gestión) que ofrezca la misma atención en todas las Comunidades, sin trámites burocráticos ni discriminación. Reforma del Sistema Nacional de Salud coordinada por una Comisión Nacional formada por profesionales independientes.
4 – Justicia independiente y eficaz, indispensable en una verdadera democracia. Conseguir una verdadera igualdad y seguridad jurídica: las leyes deber ser pocas, claras y obligatorias para todos. Los jueces deben elegir libremente a sus órganos de gobierno, sin intervención de los partidos políticos. El gobierno no debe interferir en la justicia ni nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional.
5 –Reforma de la Administración estatal. Mejorar la gestión, despolitizarla y profesionalizarla. Fusionar Ayuntamientos pequeños y suprimir las Diputaciones y miles de Entes públicos innecesarios y/o duplicados. Con todo lo que se ahorre con estas medidas (UPyD ha calculado que serían 40.000 millones de euros) se evitará recortar en servicios básicos y se podrá invertir en economía productiva y generadora de empleo.
Restaurar el mercado único nacional, derogando innumerables normas locales que obstaculizan la iniciativa económica y la libertad de circulación de profesionales y empresas.
6 –Reforma laboral y creación de empresas.Proponemos un contrato único indefinido con indemnización por despido creciente con el tiempo, que facilite la contratación de trabajadores y proteja más eficazmente a todos. Los contratos temporales deben ser excepcionales, sólo para sustituciones. Hay que facilitar y promover el trabajo a tiempo parcial, y el momento de la jubilación debe ser flexible y voluntario. Deben desaparecer las trabas burocráticas para fundar empresas, y hay que dar apoyo fiscal a los emprendedores, además de erradicar la morosidad pública que arruina a pymes y autónomos. Estimular la I+D+i y la industria digital, derogando la Ley Sinde.
Lucha contra el fraude fiscal, que actualmente representa un 20 por ciento del PIB: recaudando la mitad de ese porcentaje ya no sería necesario recortar en sanidad y en educación.
7 – Crisis de la deuda y techo de gasto: el gasto desbocado de las Comunidades Autónomas (55% del gasto público) es el talón de Aquiles de las finanzas públicas. Urge limitar por ley el techo de endeudamiento de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, del mismo modo en que la Unión Europea limita el de todos sus Estados miembros. La credibilidad y solvencia de España en los mercados internacionales exige cuentas públicas transparentes y rigor en la política fiscal, acabando con años de despilfarro, ingeniería contable e inversiones insostenibles.
8 - Cajas de Ahorros y sector financiero: muchas Cajas de Ahorro han sido primero arruinadas financiando la burbuja inmobiliaria, y luego saqueadas por pésimos gestores impuestos por los partidos para acabar privatizadas sin control político suficiente ni información a los ahorradores. El Banco de España es responsable por su pasividad, que ha dañado gravemente la solvencia financiera del país. Proponemos la urgente despolitización de las Cajas y del sector financiero, depurando responsabilidades y saneando bajo control público las Cajas quebradas para que, con gestores realmente profesionales, puedan volver a ser la banca de los pequeños ahorradores e inversores. Las ayudas públicas deberán ser devueltas al Estado, y las indemnizaciones, bonificaciones y privilegios de los cargos de las Cajas saneadas limitados drásticamente o eliminados.
9 –Transparencia y derecho a la información. Las administraciones públicas deben ser transparentes: deben publicar de forma fácilmente comprensible y actualizada sus cuentas y presupuestos, los concursos públicos de adjudicación de obras y sus resultados, las subvenciones que conceden y el empleo que se les da. La administración electrónica debe desarrollarse para poder hacer desde el ordenador personal cualquier consulta o gestión administrativa, desde pedir un certificado hasta fundar una empresa, y en el futuro votar en las elecciones. Las normas y procedimientos administrativos deben simplificarse al máximo. El acceso a la información pública es un derecho básico, y cualquier ciudadano debe poder acceder a cualquier información que no esté protegida por razones superiores, como el derecho a la intimidad y seguridad de las personas.
10 – Medio ambiente, recursos naturales e infraestructuras: la vertebración de España exige una política común de medio ambiente, de uso de recursos naturales como el agua y el territorio, y de inversión en infraestructuras. No podemos permitirnos trocear los parques nacionales y áreas protegidas en minifundios autonómicos, ni permitir la apropiación local de ríos o costas para dedicarlos a usos no sostenibles o forrarlas de hormigón. El egoísmo localista, y la falta de una estrategia sostenible, han llenado el país de aeropuertos sin aviones y otros derroches similares. Recursos naturales, infraestructuras racionales y cuidado del medio ambiente deben mejorar la calidad de vida de ciudadanos más iguales y más libres.
11 - Mejorar la participación ciudadana y el control de la política. La democracia del siglo XXI debe ser la democracia de los ciudadanos. Proponemos que, con medio millón de firmas, pueda proponerse una iniciativa legislativa popular, y someterse a referéndum ciudadano las decisiones importantes. Los partidos políticos, sindicatos y asociaciones deben buscar la autofinanciación, y en todo caso dar cuenta estricta del uso del dinero público, publicando sus cuentas y las remuneraciones de los cargos públicos, que deben renunciar a cobrar más de un sueldo público o a pensiones suplementarias y cualquier otro privilegio.
12– Europa federal. Agilizar y flexibilizar las instituciones europeas y hacerlas cada vez más independientes de los gobiernos y de sus egoísmos nacionalistas. La crisis está demostrando que los Estados nacionales son demasiados pequeños e ineficaces para defenderse de una crisis global. Necesitamos verdaderas instituciones europeas, como un verdadero gobierno económico con un Tesoro y una fiscalidad europea común. Y que ese gobierno sea supervisado por un Parlamento con verdadero poder legislativo y de control, elegido por la ciudadanía de una auténtica Europa federal.
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