Una multa en Catalán y UPyD en el Parlamento.

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El juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Lérida anuló una multa impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona porque estaba tramitada exclusivamente en catalán. La sentencia no entraba a valorar si la conductora de Lérida que había sido denunciada incurrió en delito al estar efectivamente hablando por el móvil mientras conducía, o bien si estaba usando el manos libres y se tocaba el pelo cuando le hicieron la foto, como ella alegó en su defensa. Lo que llevó al juez a tomar esa decisión fue el hecho de que la Administración había respondido exclusivamente en catalán al recurso hecho en castellano, lo que según el Tribunal convertía el procedimiento en "disconforme a derecho", especificando que "no se puede imponer la legalidad desde la ilegalidad".

La sentencia fue dictada el 30 de marzo, pero el Consistorio barcelonés la rechazó y presentó una reclamación. Hace poco la sala leridana les ha respondido ratificándose en su resolución, imponiendo además una multa de 600 € al Ayuntamiento de la Ciudad Condal por haber actuado "con temeridad" al recurrir pidiendo la nulidad de la sentencia (ver NOTICIA). El juez le deja muy claro a esa Corporación que aunque piensen que pueden responder en catalán a los ciudadanos que se dirijan a ellos en castellano, deben hacerlo en castellano; y si no lo hacen así no están actuando conforme a derecho.

Ninguna ley obliga a ningún español a saber otro idioma distinto del español o castellano, ni a tener sus relaciones con la Administración en un idioma distinto al castellano cuando esa es la única lengua que el ciudadano habla. Debería ser automático que cuando alguien se dirige a cualquier entidad de la Administración Pública en castellano, reciba la respuesta también en esa lengua, que es oficial en todo el territorio y que además es el idioma común en el que podemos entendernos todos los españoles, lo que nos facilita enormemente la vida y la movilidad; o al menos deberían tener la obligación de preguntarle al ciudadano si entiende y quiere ser respondido en la lengua autóctona cooficial, sea catalán, gallego u otra.

Las leyes, la jurisprudencia y los Tribunales Constitucional y Supremos (VER) han dejado claro que la opción de elegir lengua oficial corresponde a los ciudadanos, y que la Administración debe ser neutra en su relación con los particulares, no pudiendo forzar a nadie a usar una lengua que no conozca. Los que se empeñan en lo contrario, sobre todo algunos políticos, están actuando con irresponsabilidad, ilegalidad y desprecio hacia la mayoría de los españoles. Acabarán rectificando, por las buenas o a base de multas. Y algún día en toda España se recuperará la libertad y el respeto a la diversidad dentro de la legalidad lingüística.

En esta legislatura el PP ha ejercido una política lingüística acomplejada cediendo al chantaje de los monolingüistas (ver), y Feijóo ha traicionado a sus votantes al no cumplir su palabra, sus promesas electorales de libertad. Los socialistas pueden hacerlo todavía peor, pues por tener el apoyo de los nacionalistas para gobernar son capaces de todo, de renunciar a cualquier principio. Por eso y por otras muchas cosas, será muy bueno para Galicia que UPyD entre en el Parlamento el 21-O y empiece a poner un poco de orden, defendiendo los derechos de los ciudadanos, en este campo y en todos.