Fraude en las elecciones a Delegados de Pontevedra para el II Congreso de UPyD.

PD. Nota: empleo Fraude con su significado de Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio de terceros (2ª acepción RAE); entiendo que no siempre implica mala voluntad (puede cometerse un fraude involuntario).

Como me han suspendido de afiliación (ver) y no puedo denunciar lo que ha pasado ante los órganos de Control y Garantía del partido (como he hecho en otras ocasiones por otros motivos, aunque con resultados decepcionantes) me siento obligado a hacerlo público.
Y siento esa obligación porque la presunta falta de democracia interna y los incumplimientos de Estatutos no sólo afectan a los afiliados de UPyD, sino a todos los ciudadanos: los que quizá piensen afiliarse algún día, y también los que no quieren votar a un partido que presume de transparencia, participación, espíritu crítico, libertad de expresión, meritocracia, rigor y legalidad, justicia independiente, igualdad de oportunidades, estar en contra de la selección negativa dentro de los partidos políticos... si después no hace lo que dice que va a hacer (o de lo que presume). Todavía estamos a tiempo de arreglar este grave problema de éste partido, y va a ser precisamente en el II Congreso de UPyD que se va a celebrar dentro de un mes.

El punto 2 del artículo 42 (Las Agrupaciones Locales) de los Estatutos de UPyD dice: “Cada afiliado puede participar en la Agrupación Local más próxima a su domicilio o a su lugar de trabajo. En todo caso, sólo podrá estar adscrito a una Agrupación Local; a tal fin, se hará constar en el Libro de Registro de Afiliados la Agrupación a la que está adscrito”.

Los Afiliados de la provincia de Pontevedra han elegido (el 7 de septiembre) a sus Delegados para que les representen en ese II Congreso de UPyD. Como ya he dicho, aunque presenté mi candidatura el 22 de agosto, nada más abrirse el plazo, fui sancionado y suspendido de militancia el 28 de agosto (injusta y fraudulentamente (ver), para que no pudiera ir a ese II Congreso), y no se me permitió si ser candidato, ni votar, ni participar en el proceso. Pero en cambio (y me he enterado con posterioridad a los hechos) sí que ha participado en ese proceso de la provincia de Pontevedra, como votante y como candidato (y además ha resultado elegido Delegado), un afiliado (Miguel Brasa) que no puede pertenecer a la Agrupación Territorial de Pontevedra, porque, aunque es de Vigo, lleva dos años viviendo y trabajando en Madrid.

Es mucho más fácil salir elegido en Pontevedra que en Madrid (donde compite con muchos más afiliados activos), por lo que presentarse en Pontevedra viviendo en Madrid, además de ser una ilegalidad estatutaria, supone jugar con ventaja. Además, al haber sido elegido Delegado está usurpando una plaza e impidiendo injustamente ir a ese II Congreso a otro afiliado que realmente sea de esta provincia (que viva o trabaje en Pontevedra provincia). Lógicamente, los afiliados que representen a los militantes de UPyD de Pontevedra en ese II Congreso deben ser de la provincia, de la Agrupación, porque lo dicen los Estatutos (se podría haber establecido una circunscripción única, nacional, pero para los Congresos tenemos establecida estatutariamente la demarcación provincial, según el artículo 28) y porque es lo lógico: porque deben ser afiliados de Pontevedra los que trabajen en ese II Congreso de UPyD para tratar de arreglar los graves problemas que en Vigo y en otros sitios de la provincia y de Galicia llevamos sufriendo desde hace año y medio, cuando el responsable de Organización de UPyD, Juan Luis Fabo, forzó (con sus injustas y antiestatutarias presiones) la dimisión y el abandono del partido del anterior coordinador territorial de UPyD de Galicia, Andrés Mosquera). Y me temo que Miguel Brasa no va a hacer nada al respecto, porque él no se ha sentido afectado por las injusticias que nos han afectado, y mucho, a los demás.

La Ley de Empadronamiento, en concreto el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en su artículo 54, obliga a los ciudadanos a inscribirse en el municipio en que se resida durante más tiempo al año.
Miguel Brasa fue el número dos en la lista de las Municipales de Vigo en 2010 que yo encabecé. Yo lo quise. Será un buen político. Pero ahora vive en Madrid. Viene de vez en cuando a Vigo y ha colaborado en las campañas electorales, pero no ha asistido en estos dos años a ninguna asamblea de UPyD de Vigo. Da igual que sea en un Colegio Mayor, o en una pensión, o en la casa de un pariente: si vive en Madrid casi todos los días del año, aunque él lo llame ocasional, su domicilio oficial tiene que estar (por Ley) en Madrid (si no lo está está cometiendo una irregularidad o ilegalidad), y la agrupación de afiliados a la que debe estar adscrito es a la de Madrid. Los Estatutos de UPyD no contemplan excepciones. Si se considera que deben hacerse excepciones, el II Congreso es una buena ocasión para proponer esa modificación y aprobarla. Pero sólo a partir de entonces un afiliado podrá estar adscrito y tener los mismos derechos que el resto de los afiliados de una provincia en la que no vive ni trabaja.

Se entiende que cuando un afiliado cambia de residencia y se traslada a otra provincia, además de la obligación de empadronarse allí, tiene la obligación de comunicar a UPyD ese cambio para no mantener una información incorrecta en los datos que UPyD tiene de él. Si no lo hace (por cualquier motivo), lo normal sería considerar que eso no tiene mucha importancia, que es una omisión insustancial, a menos que afecte (como ocurre en este caso) a los derechos de los demás afiliados. En ese caso, si ese afiliado se aprovecha de esa circunstancia para obtener una ventaja o acceder a un puesto, la omisión insustancial se convierte en un engaño (voluntario o no). Y el afiliado que sabiéndolo se presenta como candidato en su anterior provincia comete un fraude. Lo razonable es que Miguel, que probablemente no lo sabía y actuó de buena fe, renuncie ahora a su puesto en ese II Congreso (si quería ir se tenía que haber presentado por Madrid), y que ese escaño sea ocupado por el siguiente en las votaciones; o mejor (si la diferencia para adjudicar el escaño disponible es de sólo un voto) que se repitan las elecciones (porque el voto que Miguel emitió el día 7, que no es legal ni aceptable en esta Provincia, distorsionaría los resultados, probablemente a favor de los candidatos oficialistas).

UPyD (Organización, Afiliación y el Comité Electoral, Fabo y Elvira) pueden alegar, con razón, que no puede actuar y modificar de oficio los datos del domicilio de un afiliado si ni el afiliado ni nadie se lo notifica. Si el afiliado mantiene su correo electrónico, no es fácil que UPyD detecte el cambio. Pero sin embargo en casos como el referido parece muy claro que el partido, al saberlo, tiene que reaccionar y restaurar la legalidad, y sanar los derechos violados de los afiliados de la provincia de Pontevedra.

Si los otros afiliados de Pontevedra (y especialmente los candidatos para ir al II Congreso que no han salido elegidos) hubieran sabido que Miguel Brasa legalmente no puede pertenecer a la Agrupación Territorial de Pontevedra, habrían impugnado esas elecciones primarias, y con toda la razón. Por eso UPyD ahora tiene que actuar de oficio, ya que si no lo hace estaría cometiendo una falta grave tipificada en los Estatutos (art. 12, 3, f): "Impedir injustamente a otro afiliado el ejercicio de sus derechos que tiene reconocidos en estos Estatutos."

PD: Me informan familiares y amigos de Vitoria que allí ha pasado algo muy similar: un solo voto ha decidido que ganara un candidato sobre otro, y ese voto lo emitió un afiliado que vive y trabaja desde hace años en Madrid, pero se afilió viviendo en Vitoria y UPyD mantiene su domicilio en esa ciudad. Allí también se ha cometido un fraude (en sus acepciones de "acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros" y de "acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete", lo que no incluye obligatoriamente dolo o malicia) y es de justicia que se repitan las primarias el Álava urgentemente. Supongo que los afectados lo habrán denunciado y habrán impugnado ese proceso. No creo que nadie que esté en UPyD de buena fe no apoye que allí también se repitan las elecciones, esta vez sin el voto de ese afiliado de Madrid (aunque en ese caso no era candidato).

PD 2: He escrito todo esto en defensa de la legalidad y de justicia, procurando ser imparcial. Lo que defiendo no tiene nada que ver con las personas concretas, sino con los datos, los hechos y lo establecido en nuestros Estatutos. No tiene que ver con los insultos que Miguel Brasa ha proferido contra mi, que han quedado plasmados en este Blog y en otros foros.

El año pasado, en Vigo, en la campaña electoral.
Habíamos hecho un "pacto de caballeros" para que el problema de la imposición como candidato por Pontevedra del santiagués José Canedo (sonriente detrás de Rosa) no afectara mucho al Partido en las elecciones autonómicas.
Miguel parece encontrarse a gusto cerca de mi (a la izquierda), pero nuestra relación ya no era tan buena como había sido, porque él apoyaba o no condenaba los abusos y las ilegalidades cometidas por Fabo y por otros.