Por qué el gobierno catalán no puede tomar ninguna decisión encaminada a conseguir la independencia.

   ¿Le podríamos haber permitido a Rajoy y al PP que en su actividad como gobernantes y representantes de los ciudadanos se hubieran dedicado durante la pasada legislatura a tomar decisiones encaminadas a cambiar la Constitución, de manera unilateral, apelando a su mayoría absoluta, y actuando al margen de los procedimientos reglamentados? Está claro que no. Pues lo mismo puede decirse del gobierno catalán en relación con la independencia.
   Durante la X legislatura el PP tenía mayoría absoluta: 185 de los 350 diputados. Por ese motivo han podido promulgar las leyes que han querido. Pero con dos condiciones: cumplir los requisitos establecidos, y limitarse a las materias para las que las Cortes y el Gobierno del Estado tienen competencias. Con su mayoría Rajoy hizo recortes, concedió amnistías, sacó adelante la Ley Mordaza, la LOMCE de educación... A muchos no nos gustan nada algunas decisiones que tomaron: pero tenían derecho a hacerlo. Y las leyes que promulgaron son leyes de obligado cumplimiento (hasta que las podamos cambiar). Sin embargo, el Gobierno de Rajoy no podía cambiar (aunque hubieran querido) la Constitución española, ni modificar la composición o funcionamiento del Parlamento Europeo..., pues ni su mayoría le legitima para hacerlo, ni tienen competencias para ello.

   También los gobiernos nacionalistas (como el de Catalunya) han hecho uso de sus mayorías para imponer sus decisiones. Están legitimados para hacerlo por el estado de derecho: por las reglas de la democracia, que son lo que hace que todos respetemos su autoridad. Pero tampoco  pueden actual al margen de lo reglamentado, ni realizar actividades encaminadas a cambiar cosas que no son de su competencia.
   La falta de legitimidad legal.
   El gobierno catalán está respaldado por 72 escaños (62 de Juntos por el Sí, la unión de Convergencia y Esquerra; y 10 más de la Candidatura de Unidad Popular, partido que aboga por una Cataluña independiente y que salga de la Unión Europea) de un total de 135. Ese bagaje no les otorga ni siquiera la capacidad para modificar aspectos fundamentales de su propio Estatuto de Autonomía. Según el artículo 223 del Estatut, cualquier reforma de esa ley suprema de Cataluña que afecte a las relaciones con el Estado debe ser aprobada por el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento catalán, para después ser aprobada la reforma en las Cortes Generales (por medio de una ley orgánica), finalizando el proceso con un referéndum realizado en la propia Cataluña (para cuya organización y realización nadie pondría ninguna pega).
   El gobierno de la Generalitat carece de las competencias para modificar unilateralmente nada de lo establecido en la Constitución española, y por lo tanto no es legal ni legítimo que se dedique a trabajar en esa línea. Pero hasta para modificar el Estatuto necesitaría 90 votos de los 135 que tiene su Parlamento, y ni siquiera con un hipotético apoyo de Cataluñya Sí que es pot (equiparable a Podemos, que tienen 11 escaños y mantienen una postura algo ambigua, pero a favor de un referéndum de autodeterminación convocado fuera de la legalidad vigente) llegarían a los 2/3: los independentistas alcanzarían, en el mejor de los casos, 83 votos, frente a los 52 de C´s, PSC y PP.
   La falta de legitimidad democrática.
   Los partidos JxSí y CUP plantearon las pasadas elecciones catalanas como un plebiscito. El resto no quisieron entrar en ese juego. Por ello, los catalanes que votaban a favor de la independencia sólo tenían una de esas dos opciones.
   De los que votaron a otros partidos se pueden hacer interpretaciones varias: pero la que seguro es cierta es que no quisieron votar "sí a la independencia".
   También se puede añadir que no todos los que votaron a JxS lo hicieron realmente por ser independentistas, sino por creer que así favorecerían la capacidad de negociación de un buen acuerdo con el Gobierno de España (que favoreciera a los catalanes). A pesar de ello, votaron que sí, y es legítimo que se les cuente entre los favorables.
   Cuando se plantea un plebiscito independentista sólo se gana si se obtienen más del 50% de los votos. El 27 de septiembre de 2015 votaron 4.130.196 catalanes de un censo de 5.510.853. Y votaron a JxS y a CUP un total de 1.966.508 (el 47,6% de los votos y el 35,6% del censo).
   Cierto es que habría que decidir cuál es el porcentaje necesario para tomar una medida de ese calado, y si lo es sobre votos emitidos o sobre el censo; eso es lo que marcan las reglas democráticas: que los datos sean claros. En cualquier caso, no haber alcanzado el 50% es no haber ganado el plebiscito: por lo que a la ilegalidad de las actuaciones independentistas del gobierno de Junts pel Sí, le hemos de añadir la falta de legitimidad democrática por número de votos.
   No hubiéramos consentido a Rajoy que iniciara tareas para modificar materias para las que no tenía competencias: tampoco se lo deberíamos consentir ni a Puigdemont, ni a Mas, ni a Junqueras, ni a nadie... Si nuestra democracia funcionase bien, ya deberían haber parado ellos mismos "por las buenas"; o en todo caso, alguien les tendría que haber parado "por las malas": porque las instituciones del estado de derecho tienen que dotarse de mecanismos para asegurar que el propio estado de derecho funcione, y para que nadie se salte las normas. Es necesario que sea así por la propia pervivencia del orden social y de nuestro sistema democrático. Si no nos gustan las leyes, tratemos de cambiarlas: pero nadie puede incumplirlas ni enfrentarse (con mayor o menor violencia y chulería) a los legítimos gobernantes. Si defendiéramos lo contrario estaríamos justificando los golpes de estado y las dictaduras que les siguen...